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14 de septiembre de 2017 15:17

Colectivo pide consulta popular sobre las corridas de toros y peleas de gallos en Quito

Felipe Ogaz, presidente de la Comisión, dijo que el objetivo de la Acción de Incumplimiento es que se convoque a una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere prohibir todas las corridas de toros, incluidos las corridas de pueblo y las pele

Felipe Ogaz, presidente de la Comisión, dijo que el objetivo de la Acción de Incumplimiento es que se convoque a una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere prohibir todas las corridas de toros, incluidos las corridas de pueblo y las peleas de gallos, a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito. Foto: Paúl RIvas / ÚN

Andrés García

La Comisión Popular Promotora de la Iniciativa Antitaurina presentó en la Corte Constitucional una Acción de Incumplimiento, ya que consideran que se han violentado sus derechos de participación. El documento fue entregado la mañana de este jueves 14 de septiembre de 2014.

Felipe Ogaz, presidente de la Comisión, dijo que el objetivo de la Acción de Incumplimiento es que se convoque a una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere prohibir todas las corridas de toros, incluidos las corridas de pueblo y las peleas de gallos, a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito.

A criterio del activista, la Ley faculta que cuando se rechaza una iniciativa popular normativa, los proponentes tienen derecho a llamar a una consulta popular. Esto ya que en la Sesión Extraordinaria del Concejo Metropolitano, efectuada el pasado 7 de marzo del 2017, no se aprobó la Ordenanza Antinaurina.

El colectivo antitaurino busca la prohibición de espectáculos en los que exista trato cruel hacia los animales, conforme lo estableció la pregunta ocho de la consulta popular realizada en mayo del 2011.

Eduardo Picuasi, uno de los abogados de la Comisión, asegura que no se respetó la legislación y no se procedió a convocar a la consulta. “Se violentó el derecho de participación establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la Ley de Participación Ciudadana”.