Solo las familias tendrán los datos
La canciller María Fernanda Espinosa recién anunció el jueves 10 de mayo del 2018 dos medidas que el Gobierno ejecutará para dar a conocer qué mismo hicieron para rescatar al equipo periodístico de EL COMERCIO, asesinado en la frontera norte.
Junto a la funcionaria estuvieron el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena. La primera decisión consiste en desclasificar los archivos que corresponden al caso, desde el 26 de marzo, día del secuestro, hasta el 13 de abril, cuando se confirmó el asesinato.
Según la funcionaria, esta decisión no pasará del 14 de mayo, a las 11:00 ‘en puntito’. Los familiares del fotógrafo Paúl Rivas, del reportero Javier Ortega y del conductor Efraín Segarra tendrán acceso a las bitácoras de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y a las comunicaciones que la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) tuvo con el grupo disidente de las FARC, que los secuestró.
Roldán explicó que serán los parientes los que determinen qué hacer con los archivos que les entregarán. Es decir, si hacen pública la información o no. La segunda decisión gubernamental es la conformación de una Comisión Internacional que estará liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la colaboración del Ministerio de Justicia. Aún no existe fecha para la creación del organismo, pero se conoce que será a través de un Decreto Ejecutivo y que se dedicará a investigar detalles del secuestro.
¡Buenos días! Hoy mantenemos una reunión del Consejo Editorial en @ComunicacionEc para informar de los temas más relevantes de nuestra #PolíticaExteriorEc pic.twitter.com/qISbnSFaaO
— Ma Fernanda Espinosa (@mfespinosaEC) 10 de mayo de 2018
