La oposición se pone ‘pilas’ con los juicios
La Comisión de Fiscalización recién evacuó un caso y ya mismo le cae otro. Ayer, 8 de febrero del 2018, los asambleístas del movimiento Creo entregaron un pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos De la Torre. En caso de ser aceptado, el proceso iría a la mesa que está presidida por María José Carrión.
Con 53 votos de respaldo se presentó el pedido de fiscalización por el uso que se dio a USD 300 millones que se tomaron, temporalmente, del fondo de solidaridad para la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí tras el terremoto.
La manabita Tanlly Vera, de Creo, calificó como “arbitraria e irresponsable” la decisión de usar los fondos para cubrir gasto corriente. Ella espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique el inicio del proceso y pase directamente a la Comisión de Fiscalización. Señaló que el organismo administrativo no puede calificar las pruebas, sino, únicamente, comprobar que se cumplan los requisitos. Esto es, verificar que el ministro sea sujeto de juicio, que se presente el anuncio de las pruebas y que la petición sea acompañada por al menos 35 firmas de respaldo.
En Fiscalización ya tienen trabajito. El miércoles, los legisladores de esa mesa conocieron y dieron trámite a la petición de juicio político en contra del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
La legisladora Rina Campaín, representante de Esmeraldas, añadió que el exsecretario de la reconstrucción ofició al Ministro de Finanzas para que asigne los recursos necesarios con el objetivo de continuar el proceso de reconstrucción. Por eso, no podría aceptarse de que había “recursos ociosos” en la cuenta del Fondo de reconstrucción.
A estos procesos se suma un pedido de juicio político que presentó el amazónico Raúl Tello en contra del superintendente de Bancos, Cristian Cruz. Las razones con las que argumentó su petición fue “por omisión e incumplimiento de sus funciones y por no destituir a Richard Espinosa, del Consejo Directivo del IESS, cuando estuvo en funciones. Aunque esa solicitud la presentó hace 74 días al CAL, todavía no hay una respuesta.
