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300 chicos en la picota
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El 15 de septiembre de este año, varios estudiantes salieron a las calles para protestar en contra del Bachillerato General Unificado. Foto: Archivo/ UN

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Alumnos pueden ser sancionados. Estudiantes afirman que el proceso es ilegal. El Ministerio asegura que no.

 

'Aproximadamente 300 alumnos del país están siendo investigados por protestar". Así lo afirmó Lady Morales, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (Fese).

 

De esta cifra, unos 30 alumnos son de Quito y pertenecen a los colegios: Manuela Cañizares, Mejía, Montalvo, Montúfar, Miguel de Santiago, Técnico Sucre, 5 de Junio y Central Técnico.  


Morales aseguró que el Ministerio de Educación inició  un proceso ilegal para sancionar a los estudiantes que, el mes pasado, salieron a manifestaciones.

 

Y dice esto porque los rectores de los colegios están investigando a los alumnos, una acción que "debe ser ejecutada por una junta estructurada por el Ministerio y que se establece en la Ley de Educación".

        
Andrés Quishpe, presidente nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE), también añade que   se "está violando el derecho a la resistencia". Por su parte, Beatriz Caicedo, subsecretaria de Gestión Educativa, dijo que el procedimiento no es ilegal y que no se está violando ningún derecho constitucional.


Aquí un análisis sobre el proceso:

 

Debido proceso, ¿se lo hace?
Víctor Cevallos, presidente de la Federación Nacional de Abogados, afirmó que los rectores no pueden abrir un expediente para investigar a un alumno, pues esa es una acción que la debe realizar una junta disciplinaria y por ende es ilegal. 

 

Sin embargo, Beatriz Caicedo, subsecretaria de Gestión Educativa, afirmó que en la actual Ley de Educación no existe tal junta: "Hoy hay una competencia dada, mediante acuerdo ministerial,  para que los rectores puedan sancionar...", afirmó. 


Pero en el artículo 134 de la Ley de Educación se puede leer: "La Junta Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas disciplinarias".

 

Además, Cevallos mencionó que a los estudiantes no se les permite defenderse, algo que lo negó Caicedo, pues dijo que existen estudiantes con abogados. Sin embargo, Cevallos afirmó que el Gobierno debe facilitarles abogados.

 

Hay tres tipos de sanciones
Beatriz Caicedo, subsecretaria de Gestión Educativa,  afirmó que al culminar con las investigaciones los estudiantes pueden ser sancionados con la disminución de puntos a la disciplina, suspensión del colegio (puede ser unos 15 días) o la reubicación del alumno en otro centro educativo.

 

Eso sí, ella afirmó que el proceso no puede dar como consecuencia sanciones penales. Sin embargo, Andrés Quishpe, presidente de la JRE, afirmó que no se permitirá la sanción de ningún estudiante y si existiera no se descarta tomar acciones legales en contra de quienes aplicaron la sanción.

 

Además, afirmó que el proceso actualmente está detenido, debido a que se presentó demandas, para terminar con las investigaciones ante la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Niñez y Adolescencia de Quito. Lady Morales, de la Fese, dijo que la próxima semana se entregará otra demanda a la Fiscalía.

 

Preocupación en los estudiantes
Andrés Quishpe, presidente de la JRE, afirmó que las investigaciones que están realizando el Ministerio de Educación, a través de los rectores de los colegios, ha provocado una gran preocupación en los estudiantes.

 

Y dice esto porque aseguró que sus compañeros no saben si podrán seguir estudiando. "No se trata solo de la sanción que pueden imponer los rectores, sino también de las represalias que existirán en los hogares de los estudiantes", agregó Quishpe.

 

Una visión que es compartida por Lady Morales, presidenta de la Fese y quien agregó que este proceso provoca en los alumnos un daño moral y psicológico muy difícil de superar.

 

Sobre esto, Beatriz Caicedo, subsecretaria de Gestión Educativa, dijo que durante las protestas los alumnos sabían lo que hacían y deben hacerse responsables de sus actos y añadió: "Tenemos derecho de reclamar, pero sin atropellar a la comunidad".

 

 

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