Europa pidió absolver la figura de desacato y la intimidación a las comunidades indígenas, deben tener garantías para su protesta social.

Mientras los países de América Latina, con excepción de Costa Rica, prefirieron no hacer referencia a la situación de la libertad de expresión en Ecuador, en el segundo Examen Periódico Universal sobre DD.HH., las delegaciones europeas han sido más críticas.

Hasta el momento, más de 30 países han comentado el informe que dio el vicepresidente Lenín Moreno en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza). Con excepción de la delegación de Costa Rica, los países latinoamericanos que se han pronunciado hasta el momento: Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Rep. Dominicana, El Salvador, Guatemala y México han destacado los logros del Régimen en materia de política social, inclusión de grupos vulnerables.

Solo el Gobierno de San José planteó de forma frontal que el Estado ecuatoriano garantice que la reforma judicial en marcha muestre la independencia de políticos y privados.

También pidió que Ecuador se ciña al marco de derechos internacionales en materia de libertad de expresión, prensa y fin al delito de desacato. En cambio fueron los gobiernos de Bélgica, Canadá, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, Luxemburgo quienes hasta el momento han manifestado su preocupación por la situación de la libertad de expresión y prensa.

Advirtieron que hay intimidación a los periodistas, que los grupos de oposición, sobre todo las comunidades indígenas, deben tener garantías para su protesta social, y también deben  tener un marco legal claro para ser consultados sobre temas que afectan sus territorios.

Varias delegaciones europeas insistieron a Ecuador que se concrete la visita de los relatores de Libertad de Expresión de las distintas organizaciones multilaterales como ONU y OEA y que se elimine del marco legal la figura del desacato.

A las delegaciones europeas les preocupa que aún hay ìndices elevados de trabajo y explotación infantil y también que es necesario garantizar que la reforma al sistema judicial, en marcha, se mantendrá independiente de los poderes polìticos y grupos influyentes.