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14 de septiembre de 2021 19:37

Suerte de la Alcaldía, en manos de la Corte Constitucional

Un contingente policial se apostó en las afueras de la Corte Constitucional. Foto: Diego Pallero / ÚN

Un contingente policial se apostó en las afueras de la Corte Constitucional. Foto: Diego Pallero / ÚN

Redacción Últimas Noticias

El lío por la Alcaldía de Quito ahora está en manos de la Corte Constitucional (CC). Ahí se podría resolver todo el entuerto.

Una de las juezas constitucionales, Karla Andrade, preparará un proyecto de sentencia que deberá debatir el Pleno de la CC. Para aprobarla, se requiere de al menos cinco de los nueve votos en ese organismo.

Es el proceso legal en el que la disputa podría quedar resuelta. En la audiencia que Andrade dirigió el lunes estuvieron todos, toditos los involucrados.

Andrade escuchó a las partes dentro del tratamiento de la acción extraordinaria de protección solicitada por Santiago Guarderas, exvicealcalde.

En la diligencia actuaron las defensas de Guarderas, Jorge Yunda, los jueces que en primera y segunda instancia aceptaron la acción de protección a favor de Yunda, la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Metropolitana.

Los abogados de Guarderas centraron su exposición en que existe una superposición de vías para resolver el conflicto. Esto en referencia a que la acción de protección concedida por la jueza María Belén Domínguez y ratificada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial volvió ineficaz e inejecutable la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Gente protestó contra Yunda cerca de la CC. Foto: Diego Pallero / ÚN

Gente protestó contra Yunda cerca de la CC. Foto: Diego Pallero / ÚN

Los abogados de Guarderas plantearon que Yunda presentó la acción de protección ante el juzgado mientras la causa ya era conocida por el TCE.

Así, dicen, la acción de protección no era procedente ya que existía una vía adecuada y eficaz para pronunciarse sobre el proceso de remoción.

Del lado de Yunda estuvo el abogado Jorge Zavala Egas. Su argumentación se centró en que la remoción no observó la garantía del debido proceso en cuanto a la imparcialidad del juez. Dijo que la Comisión de Mesa y el Concejo, no motivaron la decisión con la cual rechazaron el pedido de recusación que Yunda hizo contra Guarderas.

Zavala dijo que en un juicio o control político también debe tomarse en cuenta el derecho a un juez imparcial, garantía que está en la Constitución y en convenciones internacionales.

Criticó el papel de la Comisión de Mesa. Comentó que sus integrantes fueron partícipes en la elaboración del informe que sugería que Yunda había incurrido en causales de remoción y, además, votaron por la salida en la sesión del pasado 2 y 3 de junio.

En la audiencia, tanto María Belén Domínguez, jueza que concedió en primera instancia la acción de protección como la abogada de los jueces de la Corte Provincial, defendieron sus decisiones y criticaron la falta de imparcialidad en el proceso.