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8 de enero de 2021 11:34

Minería choca a los del Chocó Andino

Moradores y organizaciones del noroccidente del Distrito se reunieron con el alcalde Jorge Yunda. Foto: cortesía  comunidades del Chocó Andino

Moradores y organizaciones del noroccidente del Distrito se reunieron con el alcalde Jorge Yunda. Foto: cortesía comunidades del Chocó Andino

Ana Guerrero. (I)

Los vecinos del noroccidente de Quito proclaman que la actividad minera en la zona amenaza la biodiversidad y la fuentes de agua de la reserva Chocó Andino. Desde varios frentes, incluido el Municipio, se buscan alternativas.

Ya se han dado actos de resistencia pacífica, por ejemplo, en Pacto. Incluso hablan de una propuesta de consulta popular.

El martes, delegados de distintas entidades municipales acudieron a Nanegalito y se reunieron con representantes de la zona. Y el miércoles, la cita fue con el alcalde Jorge Yunda.

Desde la Alcaldía se indicó que en 21 días se prevé dar soluciones en lo que respecta a las competencias municipales, en cuanto a uso de suelo. El Municipio no tiene la competencia de conceder o no permisos para la actividad minera.

Teolinda Calle, coordinadora del Comité Ampliado del Corredor Ecológico del Oso Andino, señaló que les indicaron que habrá reuniones de trabajo con parroquias del Chocó Andino para solventar requerimientos (agua, vías, camales, legalización de espacios públicos).

Y, sobre todo, que se hará la gestión con los ministerios de Minería y Ambiente. Los vecinos solicitaron la creación de una comisión para acompañar el proceso.

El Alcalde les mencionó que no le cuadra la contaminación y la explotación en los ecosistemas del Chocó. Las fuentes de la Alcaldía acotaron que la intención es buscar los mecanismos desde el Municipio para evitar la minería, especialmente ilegal. Y trabajan en la creación de un fondo ambiental para la zona.

Richard Paredes, presidente del Gobierno Parroquial de Pacto, indicó que el martes se estableció una mesa de trabajo. Según aseguró, no se ha hecho la consulta a la gente para dar paso a las concesiones.

Las concesiones
Milton Arciniegas, presidente del Frente anti minero de Pacto, aseguró que hay concesiones mineras en áreas protegidas y que hay otras en trámite, “que afectarían a Gualea y Nanegalito”, según consideró.

Desde la Secretaría de Ambiente de Quito detallaron que los territorios de las Áreas de Conservación y Uso Sostenible Mashpi, Pachijal y Yunguilla, Caminos de los Yumbos, y el Corredor del Oso Andino tienen la mayor superficie de concesiones mineras metálicas, según el Catastro Minero.

Pachijal, por ejemplo, tiene total o parcialmente en su territorio 5 732,58 hectáreas de concesiones.

La entidad señaló que las concesiones mineras en áreas protegidas metropolitanas las otorga el Estado a empresas privadas o estatales, nacionales o internacionales. Aclararon que no se debe asumir que toda la superficie de la concesión se afectada por la actividad. Se trata del área donde la empresa tiene permiso para explorar y explotar.

Daños
San Francisco de Pachijal ha liderado desde hace años la oposición al desarrollo de minería metálica. La comunidad ha reportado actividades sin permisos. Lo propio, en el Corredor Ecológico del Oso Andino.

Las afectaciones por la actividad fueron evidenciadas por técnicos de la Secretaría. En una inspección, en julio del 2019, encontraron remoción de cobertura vegetal, huecos en paredes y suelo, etc. El área afectada era de no más de 20 m2.

De ahí la necesidad de diferenciar entre la minería ilegal de la autorizada y responsable, apunta María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería. Afirma que la minería legal opera en las áreas concesionadas por el Estado y cumpliendo lo establecido en la Constitución: no actuar en áreas urbanas, protegidas ni zonas intangibles.

Silva agregó que todo proyecto minero con esas características se guía por el plan de manejo ambiental que es aprobado por el Ministerio de Ambiente. Dijo que en Pacto hay concesiones que están investigando para determinar el potencial geológico.

La Secretaría dio cuenta de que las actividades ilegales son las que generan concentración de lodos y minerales en el agua de ríos y quebradas, deslizamientos, problemas de estabilidad en caminos, entre otros. Se ha denunciado el uso de cianuro y mercurio.

¿Hasta donde puede intervenir el Cabildo? La Ordenanza 137 dice que cualquier actividad productiva dentro del territorio del Chocó Andino debe presentar una declaración juramentada comprometiéndose a no afectar al entorno natural.
La Secretaría indicó que, al ser responsable de la conservación del patrimonio natural, puede acordar con el Ministerio de Ambiente el acompañamiento en los procesos de prevención y control. Debe denunciar actividades ilegales.