Asamblea Nacional censura en ausencia a excontralor durante juicio político
La Asamblea Nacional censuró en un juicio político al excontralor del Estado Carlos Pólit, quien se encuentra en Estados Unidos por razones médicas y quien se ha visto salpicado en el escándalo del llamado caso Odebrecht.
Un total de 132 de los 133 asambleístas presentes en la sesión de este domingo apoyaron la censura a Pólit y uno se abstuvo, mientras que cuatro no asistieron.
El juicio político se produjo pocos días después de que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea emitiese un informe por el cual recomendó al pleno del Legislativo que procesase a Pólit por un supuesto "incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley".
La Asamblea recordó hoy que Pólit disponía de tres horas para defenderse del juicio político de la Asamblea "por no cumplir sus funciones legales y constitucionales".
No obstante, no asistió para defenderse en el juicio, en el que se dio lectura a las pruebas de descargo que presentó ante la Comisión de Fiscalización, como parte de su alegato.
Alrededor de una hora y media le tomó a la secretaria general, Libia Rivas, leer los argumentos de Pólit, en los que consideraba, entre otras cosas, que durante el proceso hubo "violaciones procesales".
Pero, Daniel Mendoza, interpelante, sostuvo que se siguió el debido proceso y que se le garantizó su derecho a la defensa.
Hernán Ulloa, uno de los abogados de Pólit, llegó a la Asamblea para presentar un escrito donde el excontralor pedía la suspensión de la interpelación por considerar que se incurría en ilegalidades.
"Hay mucha gente que quiere que él no hable, que les irrita la presencia" de Pólit, dijo Ulloa quien, antes de que inicie la interpelación, adelantó que acudirán a tribunales internacionales "porque -indicó- ya en este país tiene que acabarse este tipo de procedimientos violatorios de los derechos de los ecuatorianos".
El legislador Luis Fernando Torres explicó que el procedimiento tras la censura contempla la notificación de la decisión al implicado y "la consecuencia inmediata es la destitución, pero como ya no tiene ese cargo, la destitución se convierte en una especie de ficción", comentó en la televisión pública.
El excontralor dimitió a su cargo el pasado 20 de junio desde Estados Unidos, donde se encuentra por razones médicas.
Pólit había ocupado el cargo en los últimos diez años. Fue reelegido el pasado 8 de marzo en un concurso público encaminado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que obtuvo una calificación de 95 puntos sobre cien.
El mes pasado, Carlos Pólit se vio salpicado por el escándalo de presuntos sobornos de la brasileña Odebrecht en el país andino.
El pasado 2 de junio, en el marco de varias acciones ejecutadas por la Fiscalía durante las investigaciones dentro del caso Odebrecht, la Policía ecuatoriana allanó una vivienda de Pólit en la ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste).
Ese día, Ulloa dijo a la prensa que durante el allanamiento se produjo una supuesta violación al debido proceso y defendió la inocencia de su cliente en un presunto delito de concusión o prestaciones en provecho propio.
El excontralor, que había sido convocado el pasado martes a la Asamblea a fin de dar explicaciones en relación con las sospechas surgidas contra él en relación con el caso Odebrecht, respondió por escrito con documentos entregados a través de su abogado.
Hasta el momento, la Policía ha detenido para investigaciones a seis personas en relación con el caso Odebrecht, y dos más están en arresto domiciliario.
El vicepresidente del país, Jorge Glas, quien rechaza las pretensiones de la oposición de vincularlo por responsabilidad política en el caso, ha indicado que ha sido "tremendamente duro" para él conocer la detención de un tío suyo, ahora en arresto domiciliario por tener más de 65 años.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado supuestamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
El informe del Departamento de Justicia indicó que en el caso de Ecuador, entre 2007 y 2016 la constructora presuntamente pagó sobornos por valor de más de USD 35,5 millones a "funcionarios del Gobierno", lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de USD 116 millones.
