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16 de enero de 2020 10:41

¡Qué choque por el informe de la CIDH!

El informe de la CIDH puso al Gobierno Nacional y a la Conaie frente a frente por las recomendaciones tras las manifestaciones de octubre. Foto: ÚN

Leonidas Iza y Jaime Vargas rindieron ayer, 15 de enero del 2020 su versión en la Fiscalía. Foto: ÚN

Redacción Política
(I)

Al Gobierno Nacional no le gustó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos que ocurrieron durante el paro de octubre del 2019.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, criticó el documento y dijo que está “sesgado”.

En una entrevista radial en Sonorama, la Ministra de Gobierno señaló que no coincide en lo determinado en el informe sobre el secuestro a policías o la retención de periodistas. Añadió que “le sorprende” la postura de CIDH ya solo se habla de retención a miembros de la fuerza pública.

“El papel de estos organismos no es sesgar su mirada, sino darnos una mirada lo más amplia y objetiva posible, para que cada uno de los involucrados asuma su responsabilidad”, sostuvo la funcionaria.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también se pronunció sobre el documento. Jaime Vargas, presidente de esa organización, señaló que el informe “les da la razón” sobre la denuncia de los indígenas respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad.

“Reconocemos el trabajo y la investigación que realizó la CIDH. Nos dan la razón en que sí hubo uso excesivo de la fuerza. Es un informe favorable para el pueblo ecuatoriano y no solo para el movimiento indígena”, dijo Vargas.

Jaime Vargas y Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, rindieron ayer, 15 de enero del 2020 su versión en la Fiscalía de Soluciones Rápidas, como parte de la indagación previa por la denuncia de Marcelo Hallo sobre el supuesto delito de instigación al sabotaje y terrorismo durante el paro.

De su parte, la ministra Romo señaló que el Gobierno responderá al informe de la CIDH.

Mientras tanto, la Conaie prepara una demanda internacional en contra del Gobierno por uso excesivo de la fuerza.