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28 de agosto de 2018 09:05

El chulquero no es de fiar

La protesta fue afuera del Consejo de la Judicatura (12 de Octubre y Francisco Salazar). Fotos: Eduardo Terán / ÚN

La protesta fue afuera del Consejo de la Judicatura (12 de Octubre y Francisco Salazar). Foto: Eduardo Terán / ÚN

Diego Bravo
(I)

Las víctimas de usura cuentan historias dramáticas con un factor común: pierden bienes valiosos por deudas mínimas y el chulquero sale airoso de los juzgados, y eso si es que llegan a ellos.

Mirta Salas cuenta que tenía una deuda de 10 000 dólares con un usurero. Asegura que le pagó todo el crédito, el capital y los altos intereses. Pero al final, el chulquero se valió de recursos jurídicos para quedarse con su casa que está valorada, según afirmó, en 150 000 dólares.

Es común que el usurero haga firmar letras de cambio en blanco a quien le pide dinero. Dice que es una “garantía”, pero luego pueden usar ese instrumento (u otros) para apoderarse de bienes de alto valor de la persona necesitada de dinero rápido. Lo que suele ocurrir es que los bienes terminan siendo rematados y ahí, con ventaja, los compra el usurero.

Salas ahora es la representante, en Pichincha, del Movimiento Nacional contra la Usura. Un grupo de personas perjudicadas por los chulqueros.

Miembros de esa organización vinieron de Cuenca, Loja, Gualaquiza, Ambato, Gualaceo, Ibarra y otros puntos del país para protestar y hacer un pedido en el Consejo de la Judicatura.

Miembros del Movimiento contra la Usura, con asesores de la Judicatura. Foto: cortesía Consejo de la Judicatura

Miembros del Movimiento contra la Usura, con asesores de la Judicatura. Foto: cortesía Consejo de la Judicatura

Ellos quieren que se revisen todos los casos que llegaron a los juzgados y en los cuales el chulquero ganó. Sospechan de posibles contubernios con operadores de justicia, incluidos jueces. Los casos, normalmente, se archivan o son declarados prescritos.

Asesores del Consejo de la Judicatura recibieron a los representantes del Movimiento. Hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento oficial sobre el pedido.

En esa revisión de los casos está la última esperanza de Zoyla Caiza para recuperar sus bienes. “Me quitaron mis locales comerciales con un pagaré falsificado, lo cual fue comprobado. En Criminalística y en la Fiscalía Penal de Contravenciones se verificó que esa no era mi firma”, manifestó.

Perdió cuatro locales comerciales valorados en USD 100 000, asegura. Pide a la Judicatura que la ayuden.

Otro caso es el de María Tipantuña, quien cuenta que pidió 500 dólares a un chulquero. “A mi esposo y a mí nos hicieron firmar una letra en blanco. Nos siguieron un juicio hace cinco años. Luego nos desalojaron de nuestra casa, de tres pisos, valorada en 150 000 dólares”. Pidió que se investigue a la jueza que estuvo a cargo de su caso.