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13 de diciembre de 2019 10:38

CIDH ante secuestro de equipo periodístico: 'Hubo descoordinación'

La lectura del informe se dio en la sede de la CIDH, en Washington, EE.UU. Foto: Jorge Imbaquingo / ÚN

La lectura del informe se dio en la sede de la CIDH, en Washington, EE.UU. Foto: Jorge Imbaquingo / ÚN

Redacción Últimas Noticias

Los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra recibieron ayer, 12 de diciembre del 2019, el informe del Equipo de Seguimiento Especial, implementado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para analizar el secuestro y posterior asesinato de aquel equipo de prensa de EL COMERCIO.

La lectura del documento se realizó la tarde de ayer, en Washington (EE.UU.).
La CIDH indica que el informe no establece responsabilidades de los estados, “pero sí parece evidente que las víctimas perdieron la vida en el marco de un conflicto protagonizado por un grupo armado terrorista que actuó a ambos lados de la frontera, y cuyos efectos deben involucrar un análisis a la luz del deber de prevención, protección y procuración de justicia por parte de ambos Estados”.

Según la CIDH, las medidas de seguridad adoptadas por el Estado ecuatoriano entre noviembre del 2017 y el 2018 “fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario” generado por el Frente Óliver Sinisterra.

Destaca que hubo descoordinación entre las diferentes instituciones del Estado, pues mientras la Policía tenía información “temprana” acerca de la forma cómo evolucionaba la amenaza del grupo armado y había establecido un canal de comunicación, por otro lado el Estado preparaba operativos de captura y allanamientos a la casa de alias ‘Guacho’.

La descoordinación también se dio con respecto a la seguridad del equipo de prensa en la zona de Mataje. En el informe se confirma que Javier, Paúl y Efraín ingresaron a esa población gracias a una autorización del jefe del Mando Unificado, quien “consideró que como no había prohibición de paso salvo en la noche, ni alteraciones del orden público en Mataje que tornaran inviable su acceso a esa parroquia, los autorizó. Lo anterior, no obstante que Mataje atravesaba por serias dificultades de seguridad”.

Según la CIDH, esa descoordinación “contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de Policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo en el asunto, pues según la información disponible estimaron que era competencia de la otra”.

La CIDH recomienda a Ecuador y Colombia desclasificar la información sobre las operaciones de seguridad que desarrollaron las FF.AA. de ambos países durante el secuestro. El organismo concluye que los Estados deberían designar una comisión especial, con independencia, para que garantice a las familias acceso a esa información.

La CIDH también recomienda que Ecuador y Colombia “valoren la creación de mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral a los familiares de Paúl, Javier y Efraín”, dado “que han sufrido aflicciones severas y afectaciones a las condiciones de existencia propias y en su relación con las víctimas”.