CIDH recibe testimonios de afectados por las protestas en Ecuador
Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó ayer, 28 de octubre del 2019, a recibir los testimonios de afectados por la reciente ola de protestas en Ecuador, mientras el Gobierno asegura que no se violaron derechos humanos.
Numerosos ecuatorianos se personaron a lo largo de la jornada en el hotel donde el equipo está recibiendo a los afectados para escuchar sus versiones.
Ana Bonilla acudió en representación de los familiares de un grupo de menores de edad que fueron apresados cerca del edificio de la Contraloría General del Estado, cuando era incendiado el pasado 12 de octubre.
"Ya son 15 días que están detenidos, estamos pidiendo la apelación, pero igual no llega todavía, se están demorando demasiado. Son 6 niños menores de edad entre 14 y 17 años que fueron brutalmente golpeados, agredidos psicológicamente", dijo a Efe al salir.
Y agregó que pidió a los miembros del equipo de la CIDH que les ayuden con la liberación de todos ellos, que estaban "manifestándose pacíficamente" y fueron arrestados porque otros "comenzaron a lanzar por aquí y por allá las bombas (cohetes y cócteles molotov)".
Ayer, la @CIDH ha terminado el primero día de visita de la Misión de Observación a #Ecuador en reunión plenaria con un conjunto de organizaciones de la sociedad civl. pic.twitter.com/tJBwjEBcZj
— CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) October 29, 2019
"Se está culpando de terrorismo a muchachos de 14 años que inocentemente salieron, que pueden ser sus propios hijos que podían estar ahí adentro. Los cogieron el 12 de octubre (día de la quema de la Contraloría)", puntualizó.
El equipo de la CIDH coincide en la zona con otro de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encuentra en el país desde el pasado lunes y que tenía previsto reunirse con representantes de todos los sectores para investigar lo ocurrido desde el 3 al 13 de octubre, cuando Ecuador vivió una de las olas de violencia más graves de su historia reciente.
En ella murieron 10 personas y 1 340 resultaron heridas, según la Defensoría del Pueblo, y distintos grupos, entre ellos el movimiento indígena que encabezó las protestas, han denunciado violaciones por parte de las fuerzas del orden.
Guido Perugachi, de la Unión de organizaciones campesinas indígenas de Cotacachi (Unarcag), comentó a la salida de prestar testimonio que han denunciado "la represión brutal del Gobierno de Lenín Moreno en el transcurso de esos días".
"Nosotros hemos sufrido pérdida de ojos, maltrato psicológico. Los dirigentes han sido perseguidos. Hemos sufrido maltrato a las mujeres, a niños, a jóvenes y como, en mi caso, (sufrí) perdigones de bala por estar defendiendo al pueblo adelante de todos", declaró a Efe.
Y defiende que las manifestaciones que protagonizaron se amparan "en la Constitución, en el artículo 98", que concede el "derecho a la resistencia y a decirle al Gobierno que no queremos medidas económicas brutales para el pueblo ecuatoriano".
El Gobierno de Moreno, que ha sido quien ha invitado a las dos comisiones para que verifiquen todo lo ocurrido, asegura que actuó con moderación y usando exclusivamente herramientas previstas en los convenios internacionales para este tipo de casos, como gas lacrimógeno.
Asimismo, que no se han producido víctimas mortales por acción directa de las fuerzas del orden -Policía o Ejército-, como tampoco hubo uso de fuerza letal, por lo que ha pedido a la CIDH que investigue para conocer el origen de algunos casos de heridos de bala que el Gobierno atribuye a otros factores o causales.
Durante las protestas, muchos manifestantes mostraron casquillos de armas de fuego supuestamente empleados por las fuerzas del orden.
La violenta ola de protestas estalló a raíz de la subida del precio de los combustibles y del transporte por la eliminación de unos históricos subsidios que el Gobierno se ve incapaz de seguir financiando cuando sus arcas pasan por momentos difíciles.
