Comisión de Fiscalización recomienda iniciar juicio político contra Carlos Pólit
Tras 11 horas de sesión, la mayoría de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó, la madrugada del miércoles 28 de junio del 2017, el inicio de un juicio político en contra del excontralor Carlos Pólit. El proceso se inició por un presunto incumplimiento de sus funciones.
A las 02:00, aproximadamente, se realizó la votación del informe de la Comisión. Los 12 miembros estuvieron de acuerdo en recomendar el proceso político en contra de Pólit.
“Dentro del trámite de juicio político contra Carlos Pólit se evidencia en un ejercicio antiético, deshonesto y antiprofesional del poder público, en franca afrenta a la dignidad popular, demostrando falta de probidad en lo público, falta de principios y falta de profesionalismo, por lo que se recomienda al pleno de la Asamblea Nacional iniciar el juicio político”, dice el texto del informe.
La jornada inició a las 14:40 del martes 27 de junio. El secretario de la Comisión fue sustituido en media sesión porque perdió la voz al leer toda la defensa que envió, por escrito, el extitular de la Contraloría. En las hojas, Pólit sostuvo que no fue notificado debidamente para su defensa y que se han violentado procesos para iniciar con el proceso político en su contra.
El informe de la Comisión podrá ser enviado, en un plazo de cinco días, al presidente de la Asamblea, José Serrano, según el artículo 82 del Código Orgánico de la Función Legislativa. En ella se detallarán las razones por las cuales se recomienda el juicio político.
Serrano dispondrá, a través de Secretaría General, la difusión del informe entre los asambleístas. Luego de 48 horas, el presidente del Legislativo tendrá un plazo de cinco días para incorporarlo en el orden del día de un Pleno a fin de proceder al juicio que absolverá o censurará al funcionario. El titular de la Asamblea ya adelantó que el juicio se cumplirá este domingo, según la cuenta oficial de la Asamblea en Twitter.
En su defensa por escrito, Pólit desestimó las pruebas que probarían sus faltas frente a la institución. Por ejemplo, dijo que bajo su administración sí hubo informes con indicios de responsabilidad penal en contratos celebrados por Odebrecht en Ecuador.
El asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, Raúl Tello, comentó que en la información solicitada a la Contraloría no se detalló el pedido de informes con indicios de responsabilidad penal y que por eso no existían esos documentos en el proceso con el que se procedió recomendar el inicio del juicio.
Esto tuvo respuesta del oficialista Daniel Mendoza, proponente del juicio, que señaló que a la Contraloría se le pidió “todos los informes respectivos” de lo actuado por Pólit. Al inicio de la sesión, la tarde de ayer, interpretó que no había informes con responsabilidad penal.
El mismo Pólit solicitó a la Comisión que pida el examen especial practicado a las adendas celebradas entre Hidropastaza y el Consorcio Odebrecht dentro del contrato de construcción de la hidroeléctrica San Francisco.
Además de la posible no emisión de informes con responsabilidad penal, Mendoza argumentó su acusación en otros cuatro puntos. El primero fue un certificado de permisos y faltas de Pólit, desde enero hasta junio de este año. Ahí se desprende que el 54% del tiempo, el excontralor estuvo ausente del puesto
Pólit no estuvo presente para defenderse. Se encuentra en Miami desde mayo pasado desde donde envió su renuncia a la Contraloría debido a un problema cardiaco. En su lugar, envió a su abogado para que entregue en la Comisión de Fiscalización dos cajas con documentos que, según él, probarían su inocencia. Se entregó una carpeta verde con los argumentos de descargo con 63 hojas.
También había otra carpeta verde con 10 anexos y un informe detallado de labores desde el año 2007 hasta el 2016, tiempo en el que Pólit estuvo en el cargo. Adicionalmente, el abogado defensor, Jorge Acosta, llevó 28 carpetas azules con informes sobre los contratos suscritos por Odebrecht.
La segunda argumentación de Mendoza fue que hubo cuatro de ocho resoluciones por parte de la Contraloría para “desaparecer glosas que tenía la empresa Odebrecht”.
Pólit sostuvo que el desvanecimiento de las glosas en contra de la constructora fue “producto de un acuerdo entre las partes , en la cual prevaleció el interés nacional”. En el escrito se observa que el acta de liquidación transaccional fue previamente autorizado por la Procuraduría del Estado.
La tercera prueba presentada fue que la Contraloría no habría realizado exámenes especiales a las declaraciones de por lo menos dos detenidos en los casos de corrupción de Odebrecht. Finalmente, como cuarto punto, se presentó el expediente judicial de la denuncia presentada por Tania Moreno por el presunto delito de concusión. La noche del martes 27 de junio terminó el plazo de sustanciación que se le había dado a Pólit para entregar su defensa.
