Contraloría pide a la Corte evaluar sanciones a juezas que estuvieron a cargo de la consulta
Los decretos que el presidente Lenín Moreno firmó para pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria a consultar popular fueron enviados también a la Contraloría. El Mandatario solicitó al organismo de control que proceda, de ser el caso, a imponer las sanciones respectivas para los funcionarios que retrasaron la sustanciación de las causa en la Corte Constitucional (CC).
Moreno solicitó la convocatoria sin que la Corte se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de las siete preguntas propuestas. Esto porque las juezas Tatiana Ordeñana (referendo) y Marien Segura (consulta), que estaban a cargo de la sustanciación de las causas, sobrepasaron el periodo legal de 20 días que tenían para el control del cuestionario.
En una carta enviada por Pablo Celi, contralor general subrogante, a Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la CC, el 12 de diciembre pasado; se explica el procedimiento para ejecutar el pedido de Moreno. Además, se solicita que apenas se haya tomado una decisión esta sea notificada a la Contraloría.
En el comunicado, el Contralor indica a la CC que el Pleno del organismo debe tratar la situación de las dos juezas. Esto amparado en que una de las funciones legales de esta instancia es "ejercer la función disciplinaria respecto de la actuación de las juezas o jueces de la Corte Constitucional y sancionar de conformidad lo establecido en esta ley" .
Además, en el artículo 185 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se menciona las causales de destitución para los jueces. Entre estas está: incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. Y, finalmente, el artículo 105 que habla de los 20 días de plazo para sustanciar un pedido de consulta y que en el caso de que los magistrados incumplimieran ese término son objeto de sanciones.
Celi explica también en la carta que este procedimiento no contraviene el artículo 431 de la Constitución donde se establece que los jueces de la Corte Constitucional no son sujetos de juicio político ni podrán ser removidos de su cargo por quienes los designaron.
Ruiz Guzmán respondió el miércoles, 13 de diciembre, que el pedido de la Contraloría será incluido en el orden del día de una sesión del pleno de la Corte Constitucional. El comunicado del titular de la CC fue enviado con copia al presidente Lenín Moreno. Todavía no ha sido convocada esa reunión.
