Contraloría, con la lupa en los ‘sanduches’
La Contraloría General del Estado puso su lupa en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. El órgano de control realizó un examen especial relacionado a los procesos de adquisición de bienes y servicios, mediante el procedimiento de ínfima cuantía.
En el informe se desprende que esta dependencia habría desembolsado recursos sin las justificaciones correspondientes, entre el 17 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2016.
Según el documento, mediante los procedimientos de ínfima cuantía se contrataron servicios de alimentación, hospedaje, transporte y adquisición de materiales para el desarrollo de eventos y talleres. Estos gastos fueron cancelados con Comprobantes Únicos de Registro (CURS).
Entre el 2013 y el 2016, la Secretaría de Gestión Política efectuó pagos para la adquisición de bienes y servicios a través de mecanismos de ínfima cuantía, por USD 1,3 millones. Para el informe, se analizaron USD 574 671, que corresponden a 274 CURS. Según Contraloría, en 29 desembolsos de este tipo, se encontraron irregularidades, que ocasionaron un perjuicio al Estado por USD 81 045.
El examen apunta que se hicieron pagos sin fundamento legal y sin contar con la documentación de respaldo. También se halló que se organizaron eventos en sitios privados, en los que se pagó por servicios de logística, alimentación o alquiler de locales, sin la autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP). Dos de estos eventos se habrían organizado en sedes de Alianza País.
Otro dato revelador del examen es que dos eventos organizados por la Secretaría de la Gestión Política “coincidieron” con movilizaciones de la oposición realizaron en Quito, las denominadas contramarchas.
El 20 de marzo del 2015, se desembolsó USD 7 200 para 1 000 refrigerios y
1 000 almuerzos. Ese mismo día, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a la Marcha de la Resistencia.
Uno de los casos que surgen del examen que realizó la Contraloría, se dio en noviembre del 2017, cuando la Secretaría de Gestión Política pagó USD 7 000 para la elaboración de 2 000 banderas.
