Las cortes gringas toman el caso Isspol
Las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Jorge Chérrez Miño y a John Luzuriaga, ambos ecuatorianos, por su presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra el fondo de pensiones de la Policía del Ecuador, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
Cada uno de los acusados enfrenta un cargo de “conspiración para cometer lavado de dinero”, según las denuncias presentadas en una corte federal del Distrito Sur de Florida tras una investigación que implica el uso indebido de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Luzuriaga, residente en Florida, fue arrestado el 26 de febrero y tuvo su primera comparecencia en una corte federal el lunes, mientras que las autoridades estadounidenses han emitido una orden de arresto contra Chérrez, quien se cree que se encuentra en México.
De acuerdo con las denuncias penales, entre los años 2014 y 2020, el consultor de inversiones Chérrez pagó más de USD 2,6 millones en sobornos a funcionarios del Isspol, entre ellos a Luzuriaga, director de Riesgos de esa institución y miembro del Comité de Inversiones de dicha entidad, y a quien habría entregado en total USD 1 397 066.
El objetivo era obtener fondos de los negocios de inversión del Isspol y en cuyo comité de inversión Luzuriaga tuvo “influencia” en las decisiones. Las denuncias alegan que Chérrez obtuvo unos USD 65 millones en ganancias como resultado de la trama.
El asesor financiero recibía pagos del negocio de inversión en una cuenta bancaria en Estados Unidos, utilizaba compañías y cuentas con sede en Florida para pagar sobornos y, según la acusación, “tomó acciones para promover el plan de sobornos mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida”.
Para lavar el dinero ilegal y poner en funcionamiento la trama de soborno, Chérrez y Luzuriaga se valieron, según la acusación, de compañías y cuentas bancarias con sede en Florida, incluidas numerosas compañías de fondos de inversión en EE.UU. en las que Chérrez aparecía como funcionario o director.
Según las autoridades federales, Annika Miranda, fiscal federal adjunta del Distrito Sur de Florida, es la responsable del decomiso de activos relacionados a este caso.
