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6 de febrero de 2019 10:33

Defensoría  pide a la Iglesia medidas contra cura detenido por abuso sexual

En Guápulo todavía se comenta en voz baja lo que pasó el sábado 2 de febrero del 2019. Foto: Eduardo Terán / ÚN

En Guápulo todavía se comenta en voz baja lo que pasó el sábado 2 de febrero del 2019. Foto: Eduardo Terán / ÚN

Agencia EFE

La Defensoría del Pueblo exhortó el 5 de febrero del 2019 a la Arquidiócesis de Quito y a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a que tomen medidas "urgentes e inmediatas" contra el párroco que fue acusado de abusar sexualmente a dos menores de edad en la capital.

En un pronunciamiento público, la institución conminó a la Iglesia a que responda "a los casos de violencia contra las mujeres en las que están involucrados sacerdotes católicos, incluido el último caso reportado en la ciudad de Quito".

El sacerdote de la iglesia de Guápulo fue acusado de un presunto delito de abuso sexual a dos hermanas de 10 y 14 años, según informó la Fiscalía.

El Ministerio público formuló cargos contra Néstor Genaro B., el párroco de la iglesia de Guápulo por haber, presuntamente, realizado tocamientos íntimos a las dos menores.

La jueza Geovanna Palacios dictó prisión preventiva contra el acusado en la audiencia previa llevada a cabo el domingo 3 de febrero en la Unidad de Flagrancia de Pichincha, con el objetivo de "garantizar su comparecencia dentro del juicio".

Ante los "reiterados y graves hechos" de violencia contra las mujeres que se han registrado en las últimas semanas en Ecuador, la Defensoría aseguró que la situación "se agrava y parece estar fuera del control de las autoridades e instituciones del Estado".

Por ello, instó a la Justicia del país a que garantice "de manera oportuna y efectiva" la tutela judicial hacia las víctimas de violencia de género y de abuso a menores.

Igualmente, solicitó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Economía que asignen una financiación "suficiente y adecuada" para este año, con el objetivo de garantizar que se cumplan las competencias de las instituciones del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Finalmente, apeló a la Asamblea Nacional a que ejerza su función fiscalizadora y de control con respecto a la "asignación de recursos que debería realizar la función ejecutiva a todas las instituciones del sistema".