Destituyen al director de la Penitenciaría del Litoral
El presidente Lenín Moreno destituyó de su cargo al director de la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, Alfredo Muñoz, y nombró en su reemplazo a Héctor Reyna Vivar, tras un confuso incidente de violencia en esa cárcel que dejó seis privados de libertad muertos.
Así lo informó el 30 de mayo del 2019 la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, al indicar que como parte del proceso urgente de intervención y control en el Sistema de Rehabilitación Social del país, el Gobierno tomó la decisión de remover al director y reemplazarlo.
Asimismo, precisó en un comunicado que "el Gobierno se solidariza con los familiares de las víctimas" y que investigará "las circunstancias y responsables de la violencia".
Además, reafirmó "su determinación de impedir que el crimen organizado actúe en las cárceles del país", según subrayó en el comunicado.
"Con estos propósitos, en el marco del decreto de excepción, todas las instituciones del Estado se encuentran a disposición del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad", recordó.
El pasado 16 de mayo, el Gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción en el sistema carcelario del país ante el deterioro de algunas de sus infraestructuras y por varios hechos de violencia en el interior de esos centros.
Frente a lo sucedido en la Penitenciaria del Litoral, la Defensoría del Pueblo manifestó que "los hechos de violencia que han dejado varios fallecidos son consecuencia del hacinamiento y la inexistencia de una política gubernamental de seguridad, que ha sido advertida con anterioridad por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", que forma parte de ese organismo.
Asimismo, la Defensoría exigió "atender de forma integral la problemática existente, que agrava las condiciones de vida de las personas privadas de libertad", así como "garantizar la integridad", de los reos y de todas las personas que ingresen en los centros.
El Ministerio de Defensa anunció este mismo mes que las Fuerzas Armadas del país participan en la vigilancia externa de los Centros de Rehabilitación Social (CRS, cárceles), ante la creciente inseguridad que se vive en ellos.
Este apoyo militar, aseguró el Ministerio, no tiene como fin "solucionar el problema que se vive en el sector", sino permitir que las instituciones responsables de la gestión puedan diseñar "las medidas necesarias" para lograr una resolución de la problemática.
