Fiscalía investiga a funcionario de la AMT por presunta corrupción

Un funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) fue retenido la mañana del miércoles 25 de abril del 2018, con fines investigativos. Así lo informó la Fiscalía de Pichincha.

Esto por “su presunta participación en el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”, según la Fiscalía. Además, “se presume que más funcionarios estarían implicados en el cobro por la liberación de un vehículo que contaba con la respectiva orden de devolución por parte de la Jueza de Contravenciones”.

Las investigaciones de este caso están a cargo del fiscal Hugo Pérez. La mañana de ayer, él estaba con el fiscal provincial de Pichincha subrogante, Fabián Salazar.

“Vamos a obtener la información necesaria y pues decirles que nuestra lucha es de frente contra la corrupción y respaldamos al doctor Pérez por este operativo que ha realizado”, manifestó Salazar.

En las investigaciones se determinó que, al parecer, “a cambio de la entrega de un vehículo registrado se requería coimas, dinero. Eso no lo vamos a permitir y vamos a enfrentar ese tipo de actos absurdos, denigrantes contra la sociedad”.

Al consultarles si este caso tiene relación con las diligencias realizadas la semana pasada en las que dos concejales fueron retenidos y otros seis sospechosos fueron detenidos, indicaron que eso “estamos analizando”.

Finalmente, Salazar precisó que el caso se encuentra en investigación previa. “Por órdenes de la Fiscalía provincial, estamos investigando cualquier denuncia que se presente en contra de cualquier información, no solo del Municipio y de cualquier funcionario que incumpla disposiciones".

Entre tanto, el director de la AMT, Julio Puga, calificó de 'apresurada' retención de un funcionario de esa entidad. Puga explicó que cualquier vehículo que ingresa a los patios de retención debe cumplir con ciertos requisitos para su devolución.

Estos son: pago por concepto de matrícula, pago de la totalidad de multas, pago por los días de permanencia del vehículo en los patios de retención y orden judicial, en caso de ser necesaria.

"Había una orden de jueza para la liberación del vehículo, pero no se había cumplido con los otros requisitos", indicó Puga.

Según el reporte de la AMT, la propietaria del vehículo tenía un valor pendiente de matrícula por aproximadamente USD 14 000 y además debía cancelar USD 1 027 por los cuatro meses en los que su auto permaneció en los patios de retención.

Por ello, Puga sostuvo que se actuó conforme con la Ley y que posiblemente "alguien de manera maliciosa intentó inducirle a un error a la Fiscalía".