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12 de septiembre de 2018 09:45

Honorables contra las cuerdas

El fiscal Paúl Pérez Reina (centro), acudió ayer, 11 de septiembre del 2018, a una de las Comisiones de la Asamblea por otro tema. Foto: Asamblea

El fiscal Paúl Pérez Reina (centro), acudió ayer, 11 de septiembre del 2018, a una de las Comisiones de la Asamblea por otro tema. Foto: Asamblea

Redacción Política
(I)

A los honorables o no tan honorables asambleístas que hicieron cobros ilegales a sus asesores se les durmió el diablo.

El tema ya no es un simple comentario de pasillos, como algunos decían. De hecho, el fiscal general, Paúl Pérez Reina, advirtió ayer, 11 de septiembre, que las investigaciones sobre este tipo de “posibles hechos delictivos” están ya en etapa preprocesal en la institución a su cargo.

La primera denuncia de este tipo, por lo menos en lo que va de este mes, fue presentada el viernes anterior por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), luego de que a su despacho acudiera a presentar el reclamo la excolaboradora de un legislador de Pachakutik.

“Vamos a analizar todos los elementos de convicción que se recaben y luego, cuando ya los tengamos, se tomará la decisión para establecer si existe o no un delito de acción pública”, indicó el Fiscal General.

Lo que aún se evalúa es si esa conducta constituye un acto de cohecho o concusión, de lo que dependerá el castigo. Pérez Reina, sin embargo, precisó que en este tipo de delitos no se necesita del informe previo de la Contraloría, a diferencia de otros como el peculado o el enriquecimiento ilícito.

Desde la bancada de Pachakutik reaccionó Elio Peña, de Zamora Chinchipe. Él alentó a sus colegas a que desde las curules también se denuncien estos hechos “y que cada asambleísta responda por lo suyo”.

De su lado, la oficialista Norma Vallejo dijo que está dispuesta a que le revisen no solo sus cuentas personales, sino también las de sus familiares. “Que nos revisen hasta debajo de la cama”, llegó a decir.

Ni bien ellos terminaban de hablar, a la Fiscalía General del Estado llegó ayer una nueva denuncia por cobros indebidos al interior de la Asamblea.

Hasta allí concurrieron dos excolaboradores de un exlegislador que en junio del 2015 se desafilió de Alianza País, a quien acusaron de haberles exigido dinero a cambio del puesto de trabajo.

“En un comienzo le di la cantidad de USD 1 000, después USD 800 mensuales. Nos dijo: ‘si ustedes quieren trabajar, estas son las condiciones, si no gracias”, relató Gonzalo Garzón, quien se identificó como uno de los perju­dicados en la Asamblea.