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4 de diciembre de 2019 10:31

Empresas buscan inversión en buses eléctricos en Quito

El 3 de diciembre del 2019 se desarrolló un taller con las empresas de transporte. Foto: Ana María Carvajal / ÚN

El 3 de diciembre del 2019 se desarrolló un taller con las empresas de transporte. Foto: Ana María Carvajal / ÚN

Ana María Carvajal
(I)

Al menos 10 de 30 empresas invitadas confirmaron su asistencia a una reunión convocada por la Dirección de Relaciones Internacionales del Municipio de Quito para el 17 de diciembre del 2019.

Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, se trata de operadoras de transporte, fabricantes de buses e inversores que están interesados en trabajar en la capital, dentro de los planes para implementar un modelo de electromovilidad en el transporte.

Estas podrían invertir en la potenciación del sistema municipal o aliarse a las empresas privadas que prestan el servicio.

Lo anunció ayer, 3 de diciembre del 2019, en un taller en el que participaron representantes de esa Secretaría y las empresas Metro de Quito y de Transporte de Pasajeros sobre el proyecto de ordenanza de estructura y política tarifaria para el Sistema Integrado de Transporte Público.

Actualmente, ese proyecto está en manos de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito. Una vez que esta entregue su informe, el documento deberá pasar por dos debates para ser aprobado y entrar en vigencia.

Uno de los puntales del proyecto es la condición de que se rescindan los actuales contratos que la ciudad tiene con las operadoras de transporte y que se firmen nuevos. Si alguna cooperativa decidiera no cumplir con este y otros requisitos, las firmas internacionales invitadas podrían incluso optar por operar unidades directamente en Quito.

Los nuevos contratos, explicó Abad, le darán a la autoridad la capacidad de controlar a las operadoras. Con el modelo actual, hay trabas para temas como reestructurar rutas y frecuencias. Ahora solo existen dos causales para revocar un contrato: paralización del servicio e incremento en la tarifa.

El contrato permitirá sancionar el incumplimiento de los parámetros de calidad que constarán en el documento. Y el siguiente paso sería subir la tarifa de 25 a 35 centavos, pero una vez que se haya cumplido con requisitos como los nuevos contratos, la instalación de sistemas de georeferenciación y la implementación de modelos empresariales de operación.