La fiesta se acabó para Assange
El beneficio que ha tenido el ‘hacker’ australiano, Julián Assange de vivir gratis en la Embajada de Ecuador en Londres tiene los días contados.
Después de casi seis años y medio de haberse refugiado en las oficinas diplomáticas del Ecuador, país al que Assange llegó a calificar de “insignificante”, ahora deberá pagar para su manutención.
A partir del sábado próximo, la Embajada solo cubrirá el costo de servicios básicos del inmueble: arriendo, electricidad, agua potable, calefacción y el servicio de comunicaciones por wifi o Internet inalámbrico, de los que él también se beneficia.
El protocolo que la Cancillería dispuso, en octubre pasado, para la permanencia de Assange precisa que “en vista de recortes presupuestarios, la Embajada no podrá pagar ningún gasto de alimentación, cuidados médicos, lavandería” y otros rubros relacionados con el huésped.
La situación económica del fundador de Wikileaks es algo que las autoridades desconocen, pero el canciller, José Valencia, insistió en que él deberá cubrir sus gastos personales en la Embajada en Londres.
Si por esos avatares de la vida Assange aduce que no puede pagar por su alimentación, Valencia afirmó que el Estado ecuatoriano asumirá ese rubro de manera humanitaria. Lo que no variarán serán las medidas de seguridad de las que goza.
Además, en la representación diplomática también se han dado cambios de personal, luego de que hace casi dos meses se estableció el “protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica”.
Uno de los cambios recientes -del jueves pasado- fue dar por terminadas las funciones que desde el 2015 desempeñaba el diplomático Carlos Abad como embajador en Londres.
“Parecería ser que todas las personas que tuvieron que ver con el desarrollo y la concesión del asilo han ido saliendo de manera muy sistemática y van cambiando por otro tipo de personajes”, comentó Carlos Poveda, quien forma parte del equipo de abogados de Julián Assange.
Valencia sostuvo que eso responde a una renovación del personal en el servicio exterior y descartó que la decisión de la Cancillería esté vinculada al caso de Julian Assange.
