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17 de octubre de 2019 09:46

Paola Pabón, a la cárcel de Cotopaxi

Tras su arresto, el lunes 14 de octubre del 2019, Paola Pabón fue llevada a la Unidad de Flagrancias, en Quito. Foto: Julio Estrella / ÚN

Tras su arresto, el lunes 14 de octubre del 2019, Paola Pabón fue llevada a la Unidad de Flagrancias, en Quito. Foto: Julio Estrella / ÚN

Redacción Últimas Noticias
(I)

El Servicio de Rehabilitación Social confirmó ayer, 16 de octubre del 2019, que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón se encuentra recluida en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

La funcionaria fue llevada la tarde de ayer, tras su audiencia, e ingresada al área de transitoria de ese centro. Contra ella existe una orden de prisión preventiva dictada por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta. Pabón, su colaborador y otra persona más fueron procesados por el presunto delito de rebelión.

El Código Integral Penal (Art.336) establece que la persona que realice acciones violentas con el objetivo de derrocar a un gobierno legítimamente constituido, será sancionada con cárcel de cinco a siete años.

La Fiscalía investiga si hubo un supuesto financiamiento para cometer actos vandálicos durante los 11 días de protestas en el país.

El abogado de Pabón, Ramiro Aguilar, señaló que apelaría la prisión preventiva para que su clienta cumpla con la medida en una Casa de Confianza de Quito, en donde son recluidas las mujeres embarazadas y con hijos. Señaló que su defendida es perseguida política y que no hay evidencias en su contra.

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, aseguró haber recabado evidencias a través de escuchas telefónicas.

Según la Fiscalía, en estas llamadas, los procesados disponían a la gente salir a las protestas, mencionaban que en las manifestaciones “combatirán a policías y militares traidores” y que a cambio recibirán “un regalo generoso”.

Cuando el magistrado emitió su resolución dijo que “en las escuchas, la Fiscalía determinó que trataron de subvertir al pueblo ecuatoriano”.

El organismo tiene 90 días para investigar un presunto financiamiento para cometer actos vandálicos durante las manifetaciones.