190 planteles alistan el aula
El regreso a las aulas está a un tris para estudiantes de 190 de los 1 453 planteles del Distrito Metropolitano de Quito.
Hasta el viernes, indicó la Subsecretaría de Educación del DMQ, ese número de instituciones tenían ya su Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) aprobado por el Ministerio de Educación.
La mayoría son instituciones particulares y fiscales de zonas rurales. Aunque en el grupo se cuenta a dos municipales: la Sucre y el Benalcázar. El miércoles será la inauguración.
Los otro planteles se irán sumando conforme cumplan los parámetros (que son verificados in situ por el Ministerio) y, claro, según cómo avance la situación de la pandemia.
Los preguntones padres tienen dudas sobre este retorno a clases. Aquí se resuelven algunas de ellas.
¿Cómo puede verificar que su plantel cuenta con el PICE aprobado?
En: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/06/RETORNO-INSTITUCIONES-EDUCATIVAS.pdf.
¿Cómo autoriza el representante el regreso?
La institución debe pedir la autorización por escrito.
¿Cuántos días deberán asistir si el representante autoriza?
El retorno es progresivo y los días dependen del plan que haya presentado el cole. Deben ser horarios flexibles de entrada y salida.
¿Cuántos estudiantes por aula y en otras áreas del plantel?
Depende del cálculo del aforo, respetando el distanciamiento de 1,5 m a 2 m entre cada persona dentro del espacio. La institución podrá organizar el horario y las jornadas de presencialidad de tal manera que todos puedan acudir, siempre que no superen el aforo.
¿Y los pupitres?
Separados, individuales y a una distancia mínima de 1,5 m a los cuatro lados. Las aulas deben tener al menos 2,25 m2 por estudiante y docente. Las medidas de distanciamiento se respetarán en todos los espacios.
¿Cómo garantizan que no haya vacíos educativos en estudiantes que sigan en la virtualidad?
Se promoverá la práctica pedagógica con proyectos interdisciplinarios, con aprendizajes autónomos y autorregulados, así como actividades para la práctica experimental desde su entorno familiar.
¿Los colegios pueden exigir compra de libros, físicos o virtuales?
Los establecimientos públicos que reciben textos del Estado usarán solo estos. Las instituciones que no reciben podrán elegir los que cumplan con los estándares de aprendizaje y el currículo obligatorio. Los fiscomisionales podrán pedir y usar textos adicionales para asignaturas misionales, respetando el principio de transparencia.
No adquirir los útiles escolares o textos no será una barrera de acceso.
¿Regresan los clubes?
Si se lo hace, el aforo debe respetarse en todas las actividades. Se debe cumplir con las medidas de autocuidado e higiene.
¿Solo retornarán estudiantes de cursos específicos?
El regreso se hará según el PICE. El Ministerio no contempla limitaciones.
¿Habrá monitoreo de la salud del alumno?
El plantel debe vigilar a diario si los alumnos presentan síntomas relacionados con covid. Si los presenta en el hogar, el alumno no debe asistir y se debe notificar a la autoridad del cole.
¿Y los protocolos en el transporte escolar?
Hay lineamientos establecidos en un documento ya oficial y que deben cumplirse. Se establecen elementos mínimos de bioseguridad antes del ascenso a cada unidad de transporte y durante el viaje.
Las instituciones educativas deberán identificar las horas de mayor uso del transporte público para prevenir aglomeraciones durante el traslado a las instituciones, según los horarios de entrada y salida. Y deben promover el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el COE en aforos en transporte público.
¿Se van a exigir uniformes?
La falta de uniformes no puede ser barrera de acceso o exclusión.
¿Colegios privados que aplicaron descuentos pueden cobrar pensión completa si vuelven a lo presencial?
Para el régimen Sierra y Amazonía no hay alza de pensiones ni matrículas. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario establece que las instituciones darán descuentos de hasta un 25%, de manera proporcional, para casos en los que las familias hayan sufrido pérdida del empleo o disminución de sus ingresos. Esto se establece con un acuerdo entre la institución y los representantes.
