Presos por cavar en tierra ajena
Dos funcionarios públicos quedaron detenidos por violar propiedad privada. Lo extraño, además, es que fueron a cavar. ¿Qué tesoro se les habrá perdido?
Según la investigación, el martes 7 de agosto, un grupo de 10 personas llegó a una hostería en Puéllaro, para un supuesto allanamiento.
La Fiscalía cuenta que Juan Pablo S., dueño de la hostería, se negó a abrirles porque no presentaron una orden de allanamiento.
Frente a la respuesta del propietario, una persona del grupo rastrilló un arma. Afuera había dos patrulleros. Con todo eso, el hombre los dejó pasar.
Al dueño y a otras personas los llevaron a la parte posterior del inmueble.
El grupo usó dos detectores de metal y empezaron a cavar en el patio de la hostería con una amoladora. Después de algunas horas, dejaron el sitio. Las personas de la hostería aseguran que quedaron dos huecos de 70 cm de ancho por 1 m de profundidad.
Algo parecido había pasado unos días atrás en otro supuesto allanamiento, contó la Fiscalía. En este también habían entrado a buscar en el lugar, pero sin las órdenes respectivas.
El dueño de la hostería avisó a la Policía del sector, que consiguió detener a uno de los patrulleros donde se encontraban dos servidores públicos. Se trata de Diego Francisco S., agente policial (ese día estaba franco), quien cumple funciones de perito en el SIAT, y Carlos Patricio H., funcionario del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien no tenía autorización para estar fuera de la oficina.
En la audiencia de calificación de flagrancia por el delito de violación a la propiedad privada, el juez Gonzalo Núñez, fijó ayer, 8 de agosto,10 días para la instrucción fiscal en contra de los dos funcionarios públicos.
También dictó prisión preventiva para ellos por pedido del fiscal Byron Uzcátegui, luego de presentar elementos de convicción en contra de los hombres y, de pasito, indicó que los procesados se someterán al procedimiento directo.
Los implicados tienen prohibido intimidar al denunciante y su familia. El Procedimiento Directo se aplica en delitos flagrantes con penas privativas de libertad de hasta cinco años (excepto delitos contra la vida, administración pública o casos de violencia contra la mujer y la familia).
