Acción ecológica se defenderá
Acción Ecológica se enfrenta a su posible extinción. Esta organización no gubernamental enfrenta un proceso que pretende disolverla. El Ministerio del Interior dice que sus integrantes respaldaron, en redes sociales, “las acciones y hechos violentos” supuestamente protagonizados por la comunidad shuar de San Carlos de Panantza, en la provincia amazónica de Morona Santiago.
Ayer, los dirigentes presentaron una respuesta a la notificación que les entregó el Ministerio del Ambiente. Esta dependencia se basó en un pedido del Ministerio del Interior para que la ONG sea disuelta.
El 14 de diciembre pasado, un grupo de comuneros se tomó el campamento minero de Panantza. En los enfrentamientos que aún se investigan, un policía perdió la vida y otros uniformados de esa entidad y de las Fuerzas Armadas resultaron heridos.
Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, rechazó las acusaciones del Ministerio del Interior. Descartó que la organización se “haya desviado de los objetivos” que motivaron su creación, como señaló la cartera de Estado.
La dirigente dijo que en su respuesta detallaron las actividades que realizan en favor del medio ambiente y que eso incluye el rechazo a la extracción minera en la región amazónica.
Antes de acudir al edificio del Ministerio de Ambiente, entregaron un documento a dirigido a la relatoría de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en sus oficinas en Ecuador. En el texto pidieron el respaldo internacional.
Desde hoy, el Ministerio de Ambiente tiene 10 días para revisar las pruebas de cargo y de descargo. Luego tomará una decisión.
Mientras esto ocurría en Quito, en Morona Santiago, cantón Sucúa, policías allanaron la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh).
Francisco Lituma, asesor síndico de la Ficsh, denunció que tras la incursión en su sede se llevaron computadores y archivos. Los líderes shuar harán un inventario “para determinar qué se llevaron”.
En ese operativo también detuvieron al presidente de este gremio, Agustín W.
En la audiencia realizada la tarde de ayer, el juez de Gualaquiza, Marco Cárdenas, dictó orden de prisión preventiva contra el dirigente shuar Agustín W., por su presunta participación en el delito de “instigación a la discordia”.
Los abogados de las distintas agrupaciones indígenas preparan una defensa para el dirigente. El caso está en investigación.
