La disolución de la Fundación Pachamama ejecutada por el régimen de Rafael Correa en diciembre del 2013 “vulneró el debido proceso” y no siguió el procedimiento legal. Así lo señala el Ministerio de Ambiente (MAE), en una nueva resolución del 17 de noviembre del 2017, en la cual restituye la personería jurídica a la fundación, domiciliada en Quito.